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En la última década las Universidades han ido experimentando cambios importantes producidos por el llamado “neo-gerencialismo”, que alude a la incorporación de prácticas sobre los recursos humanos provenientes de la lógica del sector privado. El también llamado “capitalismo académico” se basa en la mercantilización del conocimiento, la externalización de servicios y la centralidad de la generación de ingresos (frente a la utilidad social y el bien común). Como parte de estos cambios las universidades han aumentado las tasas, y las becas han disminuido, lo cual impide el acceso del alumnado con rentas bajas.

En Europa, la Estrategia de Lisboa aprobada en el año 2000 tiene como objetivo convertir la Unión Europea en “la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, antes del 2010, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social” (http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm). Y, en esta misma línea también se gestionó la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior a partir de la Declaración de Bolonia (1999) y la Declaración de Praga (2001).

En España, la Ley de la Ciencia de 2011 enfatiza la renovación del sistema científico español en una dirección similar: orientada al crecimiento y la competitividad, fomentando la participación del sector privado. Entre otras medidas destaca la apuesta por la innovación y por la investigación y desarrollo tecnológicos, para incentivar “la transferencia de resultados hacia el tejido productivo”, fomentar “una mayor movilidad de los investigadores entre sector público de I+D y empresas” y apoyar “la creación y consolidación de empresas de base tecnológica”. También hace énfasis en “el patrocinio y mecenazgo, y la inversión del sector privado en ciencia, tecnología e innovación” (Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación).

La Ley de la Ciencia también implementa la perspectiva de género en la investigación e innovación tecnológica, así como la constitución de comités de evaluación equilibrados en género. La Ley enfatiza que la comunidad científica “ha de dotarse de una carrera científica y técnica predecible, basada en méritos y socialmente reconocida, de la que actualmente carece (…)” (p.2). Sin embargo, la dinámica “neo-gerencialista” junto con las políticas de austeridad ha detenido el desarrollo de las carreras científicas.

Las prácticas neo-gerencialistas implican una priorización de los resultados de investigación materializados en artículos publicados en revistas de alto impacto, registro de patentes, mayor internacionalización (competitividad por fondos internacionales, movilidad en las trayectorias científicas, publicaciones internacionales). También se ha implantado una fuerte “cultura de la evaluación” (Morley, 2005) que se encarga de cuantificar la actividad académica como mecanismo de control y de promoción. Cada vez, en mayor medida, las trayectorias profesionales dependen de la capacidad de conseguir becas y proyectos, lo cual enfatiza la responsabilidad del individuo como “emprendedor”. De este modo, se reproducen estrategias individualistas basadas en una fuerte competitividad.

Otro problema añadido radica en el hecho de que, debido a los recortes, el personal de las universidades españolas ha tenido que afrontar una mayor carga docente que disminuye el tiempo dedicado a la investigación.