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Las políticas de igualdad son una clase de políticas públicas destinadas a eliminar las desigualdades de género en la estructura socioeconómica, política y cultural, con el fin de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Incluyen una serie de actuaciones promovidas por los poderes públicos para remover los obstáculos que impiden alcanzar esa igualdad, programando e implementando intervenciones que vayan más allá del mero reconocimiento de la igualdad ante la ley.

En España se inician en la década de los ochenta del siglo XX, favorecidas por los Programas de Acción para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades emanados de la Comisión Europea, el feminismo social y académico, el Instituto de la Mujer y diversos organismos autonómicos de igualdad.

Las medidas adoptadas por esas instituciones en forma de planes, leyes o unidades de igualdad, encaminadas a eliminar las desigualdades existentes y a favorecer que las mujeres no sean discriminadas en la sociedad, consiguieron ciertos avances en el lento progreso hacia la igualdad, alcanzando su máximo auge en la primera década del 2000, etapa en la que se publican leyes como la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género (2004), La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (2006), la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007), así como la creación de órganos e instituciones de igualdad, como la Secretaría General de Igualdad y el Ministerio de Igualdad. Esta bonanza de políticas y organismos de igualdad comienza su declive con la recesión económica, que sirve de justificación para su desmantelamiento progresivo, al suprimir el Ministerio de Igualdad y varios organismos autónomos de igualdad o rebajar el rango del Instituto de la Mujer. A su vez, las políticas de austeridad suponen una serie de recortes en los presupuestos destinados a las políticas de igualdad.

En la aplicación de las políticas de igualdad se pueden distinguir varias fases. En las primeras etapas se entiende que la exclusión de las mujeres es un problema de discriminación, de falta de acceso de las mujeres a los recursos y oportunidades. Para corregir esa exclusión se planifican las estrategias de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y acción positiva, mainstreaming de género e interseccionalidad o simultaneidad de opresiones. Cada una de ellas contribuye a rebajar las situaciones de desventaja y exclusión que viven muchas mujeres, sobre todo en la medida en que se proponen afrontar el problema de las desigualdades no tanto desde marcos interpretativos de la discriminación en razón del sexo, sino en razón del género. En cualquier caso, las políticas y leyes de igualdad están lejos de conseguir su cometido, no se observa un cambio sustantivo en las estructuras profundas de la sociedad patriarcal y androcéntrica, hasta tal punto que desde hace un tiempo muchas feministas se están preguntando si, tal y como se están interpretando y aplicando, realmente sirven para solucionar el problema de la desigualdad de género o si están reproduciendo los estereotipos que pretenden desafiar. Las conclusiones del Informe publicado el 17 de junio de 2015 por el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no hacen más que ahondar en esa preocupación, al denunciar los alarmantes retrocesos producidos en los últimos años en nuestro país en materia de igualdad.

En resumen, en las últimas décadas las políticas de igualdad en España han experimentado un desarrollo muy relevante, sobre todo teniendo en cuenta la realidad de la que se partía. Se ha avanzado mucho a nivel legislativo, se han institucionalizado las políticas de igualdad y los estudios de género, incluso se ha conseguido que de una forma diluida el feminismo llegue a amplias capas de la población, de tal forma que hoy la condena verbal de la violencia de género es unánime, frente a la tolerancia social existente hasta hace poco tiempo. No obstante, esos éxitos alcanzados experimentaron una importante regresión debido a la priorización realizada por las políticas de austeridad de los objetivos económicos frente a los sociales. La situación se agrava por la intelección realizada por la ideología conservadora del partido gobernante de conceptos claves de las políticas de igualdad como el concepto de ciudadanía, estado de bienestar, corresponsabilidad, violencia de género, desarrollo sostenible, entre otros.